Tierra, minería y paz; o ¿el Estado que lo da gratis?

Por Freddy Cante.

El acceso y el uso de la tierra se constituye como un tema central en un proceso de paz como el que se reintenta en Colombia. Un ambicioso ¿y sensato? acuerdo humanitario[i] consistiría en asignar tierras y recursos complementarios a pequeños minifundistas y en usar el área cultivable, tanto para la población en general, como tambien para aquellos alzados en armas que se reintegren a la vida civil.

Ha transcurrido medio siglo desde el inicio de la lucha guerrillera, lo que trajo consigo la sistemática desaparición de las idílicas economías campesinas (primer mito fundacional de las FARC), así como otras preocupantes transformaciones y potenciales conflictos por la tierra, como podemos evidenciar en un rapido vistaso a los usos y abusos de la tierra en Colombia. Estas cifras, aunque aproximadas y controvertidas, ofrecen un panorama de nuevos conflictos:

Cifras en millones de hectáreas

  1. Área continental aproximada de Colombia

114.17

  1. Potencial para uso agropecuario

50.91

  1. Uso efectivo para agricultura

4.9

  1. Potrerización para ganadería extensiva

40.00

  1. Zonas de reserva forestal, por Ley 2 de 1959

65.20

  1. Área despojada por reciente “contrarreforma agraria” de paramilitares y narcotraficantes

5 a 8

  1. Área prometida para restituir mediante Ley de víctimas y de restitución de tierras

4

  1. Área titulada para explotación minera durante Administración Uribe
  ↑      5 a 8
  1. Reservas estratégicas mineras prometidas por Santos
↑    21 a 25

Existen notables fallas tanto del mercado, como del Estado en Colombia, que pese a la presunta dicotomía entre ambos mecanismos reguladores, en esta cuestión en particular comparten el siguiente núcleo común: 1) un insomne ánimo de lucro que se traduce en corrupción pública y privada; 2) la preponderancia de los intereses privados sobre los colectivos, debido a la existencia de mercados políticos y alianzas estratégicas entre políticos, tecnócratas y poderosas empresas mineras; 3) los errores y absurdidades debido a las fallas de información, a problemas de azar moral, y de racionalidad limitada.

Minería: conflicto social y armado

Junto al tradicional lucro de las multinacionales y los corruptos sobre el uso de la tierra, insurgentes y paramilitares tambien se han lucrado, mediante vacunas a recursos minerales estratégicos como el petróleo, las esmeraldas y el oro (¡hoy comparable en rentabilidad al narcotráfico!).

En el “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado por representantes de las FARC y del Gobierno Nacional, se estipula como una de sus prioridades “una política de desarrollo agrario integral”, se mencionan entre otros puntos, la seguridad alimentaria y las zonas de reserva. Sintomáticamente no existe alusión a la minería, ni presencia en la mesa de negociaciones de terratenientes y mineros, o al menos de los ministros de agricultura y, de minas y energía.

Unos reguladores menos dignos que Dania

“…Una mujer que cobra es una mujer que se valora y eso refleja más dignidad que una mujer ‘que lo da’ gratis…” afirmó, con sensatez, la madre de una controvertida prepago. Tamaña sabiduría del sentido común fue reafirmada por una reflexión de un conocido columnista.

En el Código de Minas se estipula que el Estado es el propietario de los recursos minerales del país, quien los administra y puede dar o quitar autorizaciones para su uso. La evidencia disponible muestra que los gobernantes de turno han sido muy propensos a dar generosas dádivas y exenciones a las grandes compañías mineras y, además, a saltar rápidamente de cargos públicos a la administración de consorcios mineros[ii].  Al menos al momento de cobrar (de imponer multas e impuestos) Dania lo habría hecho, posiblemente, mejor que nuestros honorables padres de la patria e iluminados tecnócratas.

La minería se torna como una compleja conmoción que abarca gran parte del territorio nacional y que afecta, directa e indirectamente, la vida de toda la ciudadanía. Al alterar directa e indirectamente el uso del suelo, la actividad minera afecta variables ecológicas, económicas, sociales, culturales, políticas, psicológicas y morales no sólo de indígenas, negros y campesinos, sino, en general, de toda la población colombiana. Problemas complejos, como la minería, presentan una multiplicidad de variables y gran diversidad de puntos de vista. No existe aunque algunos colegas parecieran creerlo un intelectual iluminado o tecnócrata omnisapiente que pueda capturar, valorar, procesar y conocer toda la información relevante.

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[i] López, M., Alfonso. “DIH  por derecho territorial”. El Tiempo.  8 de julio de 2007.

[ii] Fierro, M. Julio. 2012. Políticas mineras en Colombia. Bogotá: ILSA.

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